Sigue el debate sobre la ampliación del número de los miembros de la corte suprema de la nación en donde sus miembros serían elegidos por el senado actual en acuerdo con el ejecutivo. Hay que recordar que en Argentina el vicepresidente es a su vez presidente del senado. Por lo tanto CFK es su actual presidenta.
En el debate sobre la ampliación de miembros de la corte están el kirchenrismo, sus aliados como Adolfo Rodríguez Saa de la provincia de San Luis y partidos provinciales, que por obvias razones, en el senado tiene más peso. Hay que tener en cuenta que para esta medida de nombrar a los miembros de la corte suprema hacen falta la aprobación de los 2 tercios del senado.
En fin la ampliación de los miembros de la corte y hasta su regionalización es un recurso que el FDT está usando ante la imposibilidad de cambiar a los miembros actuales de la corte actual y así tener luz verde para avanzar en la reforma judicial. En el reclamo de “federalismo” apelan a un mayor peso real de los estados provinciales. Lo que también hace en la alianza con los partidos provinciales aliados al frente del gobierno de sus provincias.
En medio de un conflicto de poderes a partir de la cuestión del consejo de la magistratura (donde se eligen los jueces) el kirchnerismo y sus aliados avanzan en una reforma judicial sobre la corte suprema.
Lawfare
Hay que tener en cuenta las practicas jerárquicas del poder judicial en donde la corte suprema se ubica en su cúspide y en alguna medida los demás tribunales se adaptan a sus lineamientos. Por lo tanto, un cambio en la corte suprema influiría en todo el sistema judicial. Por lo tanto, esta maniobra de cambios en la corte suprema forma parte de una tentativa del FDT de prevenirse frente a la guerra jurídica conocida como lawfare.
Hay que salar que el poder judicial es el más aristocratizado entre los llamados 3 poderes del estado. Los jueces de los llamados tribunales “inferiores”, es decir, por “debajo” de la corte suprema, se eligen por un después de la reforma del 94 con participación del Consejo de la Magistratura. Las instituciones representativas solo tiene una presencia parcial coexistiendo con los representantes de los propios jueces y los abogados colegiados más representantes del llamado ámbito académico, obvio, controlados todos por las distintas fracciones burguesas. A su vez el Consejo de la Magistratura está encargado de confeccionar los temas de carácter vinculante de los candidatos para los tribunales inferiores del poder judicial, para que luego sean designados por la presidencia en acuerdo con el Senado.
Obvio en el senado hay una sobrerrepresentación de los aparatos políticos al frente de los estados provinciales.
En su momento, en el 2013, durante l el segundo gobierno de CFK, se quo avanzar en un reforma judicial en donde los miembros del Consejo de la Magistratura sean elegidos por voto universal mas la corte suprema veto esa tentativa del kirchnerismo.
Hoy con la tentativa de introducir cambios en la Corte Suprema el FDT busca avanzar en la reforma judicial, liberándola de obstáculos.
En el senado, desde la oposición de “Juntos”, salieron a mismo oponerse el proyecto de introducir cambios en la corte suprema.
Hay que señalar que, partiendo de la concepción marxista del núcleo del estado en un destacamento de hombres armados, las instituciones judiciales no son instituciones menores dentro de las instituciones civiles, por la influencia que tiene en un sector del aparato represivo: La Policía
Como reivindicación democrática los trabajadores deben avanzar en reivindicación misma de elección y revocabilidad por voto universal de los jueces y fiscales como una forma de oponerse a la aristocratización del sistema judicial, teniendo en cuenta que bajo el estado capitalista nunca habrá justicia y la auténtica justicia solo podrá venir cuando la clase trabajadora tome el poder en sus manos.
En medio de un conflicto de poderes a partir de la cuestión del consejo de la magistratura (donde se eligen los jueces) el kirchnerismo y sus aliados avanzan en una reforma judicial sobre la corte suprema.
Lawfare
Hay que tener en cuenta las practicas jerárquicas del poder judicial en donde la corte suprema se ubica en su cúspide y en alguna medida los demás tribunales se adaptan a sus lineamientos. Por lo tanto, un cambio en la corte suprema influiría en todo el sistema judicial. Por lo tanto, esta maniobra de cambios en la corte suprema forma parte de una tentativa del FDT de prevenirse frente a la guerra jurídica conocida como lawfare.
Hay que salar que el poder judicial es el más aristocratizado entre los llamados 3 poderes del estado. Los jueces de los llamados tribunales “inferiores”, es decir, por “debajo” de la corte suprema, se eligen por un después de la reforma del 94 con participación del Consejo de la Magistratura. Las instituciones representativas solo tiene una presencia parcial coexistiendo con los representantes de los propios jueces y los abogados colegiados más representantes del llamado ámbito académico, obvio, controlados todos por las distintas fracciones burguesas. A su vez el Consejo de la Magistratura está encargado de confeccionar los temas de carácter vinculante de los candidatos para los tribunales inferiores del poder judicial, para que luego sean designados por la presidencia en acuerdo con el Senado.
Obvio en el senado hay una sobrerrepresentación de los aparatos políticos al frente de los estados provinciales.
En su momento, en el 2013, durante l el segundo gobierno de CFK, se quo avanzar en un reforma judicial en donde los miembros del Consejo de la Magistratura sean elegidos por voto universal mas la corte suprema veto esa tentativa del kirchnerismo.
Hoy con la tentativa de introducir cambios en la Corte Suprema el FDT busca avanzar en la reforma judicial, liberándola de obstáculos.
En el senado, desde la oposición de “Juntos”, salieron a mismo oponerse el proyecto de introducir cambios en la corte suprema.
Hay que señalar que, partiendo de la concepción marxista del núcleo del estado en un destacamento de hombres armados, las instituciones judiciales no son instituciones menores dentro de las instituciones civiles, por la influencia que tiene en un sector del aparato represivo: La Policía
Como reivindicación democrática los trabajadores deben avanzar en reivindicación misma de elección y revocabilidad por voto universal de los jueces y fiscales como una forma de oponerse a la aristocratización del sistema judicial, teniendo en cuenta que bajo el estado capitalista nunca habrá justicia y la auténtica justicia solo podrá venir cuando la clase trabajadora tome el poder en sus manos.
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